Una supuesta trama corrupta en el Ministerio del Interior de España habría amañado la adjudicación del contrato para la gestión de datos de las elecciones europeas de 2014 y las autonómicas y las municipales del pasado mes de mayo, recoge un informe que la Policía Nacional y la Guardia Civil han enviado a la Fiscalía General del Estado.
Los investigadores del caso concluyeron que, al menos, uno de los tres funcionarios supuestamente implicados en el escándalo habría cambiado los pliegos de condiciones de las licitaciones para favorecer a la empresa tecnológica Base 100, en la que trabaja uno de sus familiares en primer grado y en la que podría tener intereses comerciales, según el documento citado por 'El Confidencial'.
Ese funcionario responde a las iniciales L.F.P.G. y, hasta el pasado mayo, era vocal asesor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales del ministerio, desde donde podía influir en la redacción de los pliegos y orientar la selección de las compañías candidatas.
El escándalo se desató cuando se supo que el principal acusado había enviado información privilegiada a la multinacional francesa de servicios tecnológicos Atos sobre los requisitos que debían cumplir las compañías que quisieran optar al contrato del Ministerios del Interior para el recuento de las elecciones generales. Su objetivo era que esa compañía llegara a una alianza con Base 100, de menor tamaño, para concurrir a la licitación de manera conjunta.
Este fraude se detectó a tiempo y los pliegos se redactaron de nuevo, pero la trama sí habría influido en el concurso para el recuento de las elecciones europeas de 2014 y los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2015, en los que se detectaron irregularidades técnicas después del cierre de los colegios electorales.
