LA POLICÍA PROTEGE A CC.OO. Y UGT... DE LOS TRABAJADORES




Este miércoles, 7 de marzo, la localidad de Piedras Blancas, en Asturias, era escenario de un significativo altercado. Los secretarios generales de CC.OO. y UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino Cancel, junto al secretario general de Izquierda Unida en esta región, Jesús Iglesias, tenían previsto impartir este día la conferencia titulada "La crisis como excusa, los desmantelamientos del Estado del Bienestar, la democracia y sus instituciones".

    A la puerta del local en el que iba a celebrarse el acto los esperaban medio centenar de personas con pancartas, silbatos y megáfonos. Eran familiares de los empleados del Centro Especial de Empleo A.P.T.A. Un empresa vinculada a la ONCE que acaba de dejar en la calle a 151 trabajadores discapacitados, mediante un ERE firmado por la propia ONCE y los dos sindicatos mayoritarios. Paradójicamente, "con la crisis como excusa".

    Cuando Pino y Braga aparecieron en la Plaza de Europa de Piedras Blancas, acompañados del secretario general de Izquierda Unida, comenzaron los abucheos y los gritos. El colectivo de afectados les increpó con lemas como "vendidos", "sinvergüenzas", "ladrones" y "corruptos". Los familiares denunciaban así  la "complicidad" de las dos centrales mayoritarias en un acuerdo que arroja al desempleo a un colectivo especialmente vulnerable justo en el momento más duro de la recesión económica. “Con la mano izquierda leen un discurso aparentemente progresista, pero con la derecha firman cientos de ERES”, se podía leer en la pancarta de los manifestantes.

    Una de las madres que participaba en la protesta expuso, realizando evidentes esfuerzos por contener la emoción, la situación a la que se aboca a este colectivo de trabajadores y pidió que se investigase el destino final del dinero público que, en teoría, se destinó a garantizar el futuro de APTA.  También exigió a los dirigentes de UGT y CC.OO. la retirada del ERE que sus sindicatos han firmado.

    Los secretarios de UGT y CC.OO. trataron de eludir a los manifestantes, entrando a toda prisa al local en el que debían dar la charla. La mesa que compartían con el dirigente de IU Jesús Iglesias se encontraba enmarcada con un enorme cartel en el que se reproducía el lema electoral de esta federación política: "Rebélate". Una nueva paradoja, ya que fornidos  miembros de los sindicatos mayoritarios, junto a dos policías locales, impedían el paso al salón de conferencias a quienes se estaban rebelando para defender el derecho al trabajo de sus familiares discapacitados.

    Finalmente, los dirigentes de Comisiones y UGT y el secretario general de IU contaron con una protección adicional. Agentes de la Guardia Civil acabaron custodiando a los sindicalistas para que éstos pudieran dictar su conferencia sobre la Crisis y el "desmantelamiento de la democracia" sin la incómoda presencia de los manifestantes.


Cobrando millones por los Expedientes de Regulación de Empleo

    Según explicaba ante la cámara que registró este acto de protesta una de las madres afectadas, CC.OO. y UGT  aseguran que el ERE firmado constituyó un "mal menor" que se vieron obligados a aceptar. La realidad, no obstante, es que los dos sindicatos de la concertación tienen sobradas razones para suscribir Expedientes de Regulación de Empleo. Ambos se han venido embolsando alrededor de un 10 y el 15% de la indemnización de cada trabajador afectado por un ERE en aquellas empresas en que han prestado su asesoría jurídica. Aunque las cantidades exactas son difíciles de calcular, ya que en algunos casos los sindicatos han llegado a cobrar también de las  propias empresas,  según las informaciones recogidas por el diario Expansión hasta el año 2011 UGT y CC.OO. pudieron ingresar por este concepto en todo el Estado unos 240 millones de euros. Los sindicatos, obviamente, solo llegan a cobrar cuando la negociación del ERE  termina en acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores. Es decir, cuando se acuerdan los despidos. No puede resultar extraño, pues, que el 98% de los EREs presentados por las empresas terminen en un acuerdo como el que hoy sufren los trabajadores  de A.P.T.A. en Asturias.