Presos en huelga por “esclavitud” en EEUU: se niegan a trabajar por 1 dólar la hora, 30 horas a la semana.
Uno de cada cuatro prisioneros del planeta es norteamericano, el 60% de ellos trabaja para estos centros y en algunos estados del país los prisioneros no tienen opción (son trabajos forzados por el sistema penitenciario) y en otros se ven muy coaccionados a ello (beneficios penitenciarios que rozan los mínimos humanitarios, como poder cenar). Si contásemos todos los trabajos realizados en cárceles estadounidenses como un mismo empleador serían el tercero del país sólo por detrás de General Motors y WallMart. Una industria de mil millones de dólares. Dependiendo de la prisión y el puesto, ganan entre 23 centavos y 1.41 dólares la hora. Desde hace décadas los reos protestan por sus condiciones inhumanas, considerándose a sí mismos los esclavos del siglo XXI, y en estos días se han coordinado para ir a la huelga en 17 estados.
Una enmienda constitucional: la decimotercera enmienda de la constitución de los Estados Unidos prohibió “la esclavitud y la servidumbre involuntaria” salvo en un caso, "como castigo por un delito por del cual el ciudadano ha sido debidamente condenado”.
Un negocio: desde que se privatizaron, buena parte de las cárceles del país se gestionan agresivamente como un negocio. Llegan a acuerdos estatales por los que se garantizan un número mínimo de prisioneros, suban o bajen las cifras de delitos. Esto ha llevado, entre otras cosas, a cárceles públicas medio vacías que deben trasladar presos a las cárceles privadas (por lo que las públicas terminan cerrando) y también a un entramado sistémico que fuerza que nunca bajen los índices de encarcelación, por lo que indirectamente se persiguen y sancionan más delitos menores.
Falsa competencia: tal vez la baza más seductora con la que cuentan. Un preso, aunque sea alguien encarcelado por una pena mayor como posesión de drogas, no despierta demasiadas simpatías entre la población general del país. Pero explicando el conflicto que causa esta cláusula para el libre mercado y el resto de empresas pueden ganarse al público. Compañías con ánimo de lucro contratan a los presos por salarios muy inferiores al salario mínimo fabricando productos a bajo costo, por lo que las empresas que no se hayan ganado el acuerdo penitenciario están en clara desventaja competitiva. Estos empleos, además, crean dumping social: perjudican negativamente a los salarios de los trabajadores regulares de los gremios más precarios.
Ni forma, ni reinserta: mucho de su trabajo tiene que ver con el propio mantenimiento de la cárcel: cocinas, lavandería. Pero otros empleos van más allá. Algunos se dedican a limpiar carreteras estatales, a fabricar piezas de armamento militar, a trabajar en tareas que no son cara al público para Microsoft, Starbucks o McDonalds… se sabe que 2.000 presos trabajan como bomberos en California. El problema viene cuando los reclusos terminan su pena, intentan volver a las calles y descubren que su experiencia en los puestos de mayor especialización, como el de bombero, no les sirve de nada, ya que alguien con antecedentes no puede después optar a trabajos de cierto nivel.
¿Y en España? Aquí trabaja uno de cada cuatro presos. Ganan entre 2,59 y 4,51 euros la hora según especialización del puesto, cuando el salario mínimo más allá de los muros está en 5,76 euros la hora. Además de para la Administración también trabajan para algunas empresas privadas, y al finalizar su condena tienen derecho a cobrar una prestación por desempleo proporcional a los trabajos realizados. Siguen siendo condiciones de precarización y abuso por parte de los empleadores, pero algo que está muy lejos del sistema estadounidense.
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