"Lo que menos necesita este país es un profundo conflicto social. Para un sindicato el fin no es convocar la huelga general... Somos partidarios de la convergencia. Nuestra idea es consensuar las enmiendas a la reforma con los empresarios".
Ignacio Fernandez Toxo
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Con estas significativas frases despachó el Secretario General de Comisiones Obreras el clamor general que se está produciendo en el país en torno a la demanda de una huelga general que contribuya a paralizar la ofensiva del Ejecutivo y la patronal contra los asalariados. ¿Es coherente que los denominados "sindicatos mayoritarios" continúen apelando al diálogo y a la concertación con un gobierno y una patronal que no solo reiteran día tras día su intención de no llegar a ningún acuerdo, sino que también intensifican sus ataques contra los derechos conquistados por la clase trabajadora en el curso de los últimos decenios? ¿A qué responde la perseverante tentativa de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de aplacar la indignación popular y neutralizar la voluntad de resistencia que está mostrando una importante franja de los asalariados del Estado español? ¿Es sólo una expresión del desvarío ideológico que desde hace muchos años se aprecia en las dirigencias de ambas organizaciones sindicales o existe algún factor más que dé explicación a esas conductas?
Un poco de historia
Cuando en 1975 muere el dictador Francisco Franco en España sólo existen dos sindicatos: el sindicalismo vertical de la dictadura y las clandestinas y sañudamente perseguidas Comisiones Obreras. Esa es la realidad histórica. El primero, como un aparato más del Estado franquista, mostraba síntomas evidentes de profunda descomposición. Comisiones Obreras, en cambio, nacida al calor de las huelgas de los mineros de Asturias a principios de la década de los 60 y de las aguerridas luchas de las grandes fábricas catalanas, madrileñas y vascas, asumía de facto la representatividad de la clase trabajadora en el Estado español. La UGT y otros pequeños grupos sindicales sólo existían nominalmente, sin presencia alguna entre la clase obrera.
Para quienes aspiraban a iniciar una operación que sustituyera a la dictadura por una "democracia" más o menos formal de tipo occidental, sin que ello pusiera en peligro la hegemonía de la clase dominante, resultaba más que evidente que el empuje movilizador y el componente ideológico de Comisiones Obreras no constituía precisamente un factor de "estabilidad". Por ello los herederos de la dictadura - la Monarquía juancarlista y los jerarcas reconvertidos del aparato del franquismo - necesitaron proceder en un doble frente. Por un lado, alentando la aparición de un "nuevo" sindicalismo que pudiera neutralizar las posiciones situadas más a la izquierda en el seno de CCOO y, por otro, abriendo en la medida en que fuera posible en este mismo sindicato una brecha entre las posiciones moderadas y las radicales, que facilitara la denominada "Transición democrática". Para la consecución del primer objetivo obtuvieron la inestimable contribución de la socialdemocracia alemana, que inundó de marcos las cajas de caudales de la UGT y facilitó que, de la noche a la mañana, la burocracia del viejo sindicalismo vertical franquista desembarcara en las filas de este sindicato histórico. La segunda fase de la operación corrió a cargo de una buena parte de la dirigencia del PCE, que cuarteada por la corriente ideológica socialdemócrata del eurocomunismo iba a incidir decisivamente en el rumbo de CC.OO. A partir de ese punto no resultará difícil explicarse las diferentes secuencias cronológicas del progresivo escoramiento amarillista de este sindicato: Los Pactos de la Moncloa, las sucesivas contrarreformas laborales y, finalmente, la conversión de esta organizacion sindical en una pieza clave del sistema capitalista en el estado español.
Sin embargo, estas reseñas histórico-ideológicas no bastan para explicar el escenario de degradación que rodea tanto a CC.OO. como a UGT. Un factor importante que ha contribuido a ello han sido las fuentes de financiación que el Estado de la Monarquía ha facilitado, cuando no creado, para posibilitar la preeminencia, la docilidad y la continuidad de ambos sindicatos.
Dos aparatos burocráticos dependientes de la financiación estatal
A finales del año 2009, Fernández Toxo aseguraba durante una comparecencia en televisión que el 90% de la financiación de los sindicatos procedía de las "sagradas cuotas de su afiliados". Los propios datos aportados por las centrales sindicales, sin embargo, contradicen el dirigente de Comisiones. Justo en 2009 el total de ingresos hechos públicos por CC.OO. fue de 455 millones de euros. De estos, sólo 168 millones correspondieron a ingresos propios, de los cuales 62 millones procedían de operaciones internas de la organización. El resto, es decir, 225 millones de euros, procedieron de subvenciones de diverso tipo de las distintas administraciones del Estado. Teniendo en cuenta el total de ingresos declarados, el importe de las cuotas tan solo alcanzaría un 25,9% de ese total. Como cálculo aproximativo estos datos podrían extrapolarse a UGT.
En efecto, CC.OO. y UGT dependen totalmente para su subsistencia de las subvenciones estatales. Ambas centrales obtienen financiación estatal por "representatividad" - una cantidad que va en función del número de delegados obtenidos en las elecciones sindicales -; por su "participación institucional" en las mesas de negociación; por subvenciones dirigidas a la formación de los trabajadores; por la realización de servicios sociales... Disponen, eso sí, de otras fuentes de financiación como la gestión de planes de pensiones privados o los fondos procedentes de acuerdos alcanzados con empresas.
El total de "ayudas" concedidas en concepto de "representatividad" en 2009 fue de unos 15 millones de euros para cada uno de estos dos sindicatos. En cuanto a los ingresos por "participación institucional" CC.OO. declaró que, en total, en 2009 se repartieron por este concepto unos 4 millones de euros, de los cuales ellos habrían percibido alrededor de 1 millón.
La mayor partida de las subvenciones que reciben los sindicatos, no obstante, es la destinada a la formación de los trabajadores. Según los datos aportados por las propias CC.OO., en el año 2010 la Administración destinó a la formación la friolera de 2.572 millones de euros. Resulta complejo, no obstante, conocer la cantidad exacta que perciben las organizaciones sindicales, ya que aparte de la financiación que reciben del Gobierno central se nutren de otros fondos provenientes de las 17 autonomías y los Ayuntamientos. Sea como fuere, en el año 2010 CC.OO. declaró que había recibido en concepto de subvenciones a la formación 200 millones de euros.
Los sindicatos se sostienen también de subvenciones para la realización de proyectos sociales, que han sido externalizados por el Estado en beneficio de los agentes sociales. Es decir, UGT, CCOO y Patronal. Éstos, a su vez, frecuentemente terminan subcontratando dichos servicios, privatizando así su realización. En 2011, el sindicato ELA denunciaba que solamente en Navarra CC.OO., UGT y la Confederación de Empresarios de esa comunidad se repartieron 8,5 millones de euros del gobierno foral en 2009; 9,1 millones en 2010 y 8,6 millones en 2011 para la realización de este tipo de actividades.
A través de las subvenciones, en suma, el Estado logró instrumentalizar la cooptación de estas dos grandes fuerzas sindicales, convirtiéndolas en una pata esencial para el sostenimiento del actual orden político, económico y social. Informar sobre una de las principales vías utilizadas para amamantar la burocracia del mastodóntico aparato del sindicalismo amarillo español, el lucrativo negocio de los cursos de formación y la red de corrupción asociada a los mismos, será el objeto de la próxima entrega de este informe.
