El eterno candidato de IU recibido a pedradas en un poblado chabolista de A Coruña
Los trapos sucios de IU
CON TAL DE LLEVARSE AL NOVIO, LO QUE SEA
Isaura Navarro, diputada de Izquierda Unida y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, viajó a Perú entre el 6 y el 12 de abril de 2006 junto a una delegación de parlamentarios españoles que participaron en los comicios del país andino en calidad de observadores internacionales. Navarro no dudó en presentar a su novio como observador internacional y estuvo en varias reuniones oficiales sin que los representantes del Ministerio de Exteriores tuvieran conocimiento de este hecho. La diputada llegó a pedir un coche oficial a la embajada española para que fuera a recoger a su compañero al aeropuerto.
DESPEDIDA POR SER MAMÁ Y ENCHUFISMO
Izquierda Unida suele presumir de la defensa de las mujeres y la "igualdad radical" (?) entre los sexos, pero a la hora de la verdad ya saben lo que ocurre. El portavoz de Izquierda Unida y concejal de Festejos y Comunicación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, Jesús García Contador, pidió el pasado enero de 2006 el despido de su secretaria aprovechando que ésta se encontraba en periodo de baja por maternidad. Así se defienden los derechos de las mujeres, sí señor.
Para más INRI, este despido se produjo días antes de que el portavoz de Izquierda Unida, también segundo teniente de alcalde, presentara una moción en el Pleno del Ayuntamiento donde defendía la lucha por la igualdad de género y a favor de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar... tiene co-jo-nes la cosa. Sólo un detalle más: el sustituto de la secretaria que se encontraba de baja por maternidad resulta ser ser el novio de la hija del portavoz. Encima de despedir a una embaraza, enchufismo para el nene.
IU, CONDENADA POR DESPIDO IMPROCEDENTE
La izquierda que estafa a los trabajadores. El Juzgado de lo Social número 23 condenó a IU federal declarando improcedente la extinción de contratos (despidos) de tres trabajadores a los que esta organización política echó a la calle el pasado día 5 de agosto de 2004 alegando razones económicas. Antes de iniciarse el juicio, readmitieron a otros dos trabajadores que también habían sido despedidos en esa misma fecha.
La sentencia considera "que no se ha acreditado por parte del empleador, las razones objetivas, económicas y organizativas de su decisión, ni que la medida adoptada respecto a los actores, vaya a contribuir a superar una situación negativa y una mejor organización de los recursos y si se examina la documental obrante en autos, nada de ello se prueba".
"Ello es así -continúa la sentencia- porque no es la existencia de deudas la que determina la dificultad económica, sino el desfase entre gastos e ingresos mantenido en el tiempo lo que da origen a una situación frente a la que procede a adoptar medidas correctoras, todo ello nos lleva a concluir que si bien toda amortización de puesto de trabajo puede comportar la disminución de los costes empresariales, no se acredita que esa sola medida sin unirla a otras no acreditadas tenga la virtualidad de contribuir a superar una situación económica negativa, todo ello lleva a declarar como improcedente la extinción acordada, ya que no se cumplen las exigencias del artículo 52.c) del E.T., ya que prescindir de los demandantes no implica una mejora organizativa de la demandada ni un mejor empleo de los recursos económicos, por lo que la calificación de despido tiene que ser la de improcedente".
Días después de que viera la luz la sentencia, La Razón publicaba una entrevista con uno de los despedidos en la que se aseguraba que "han aprovechado la situación económica para hacer una purga. La persona de la que yo dependía, que era el responsable de comunicación [José Francisco Mendi], tuvo la desfachatez de cerrar la puerta del despacho en el que trabajaba y decirnos claramente que los nombres se habían elegido por cuestiones políticas".
EL CASO PROGEA
El grupo Progea es la gestora más importante de Vivienda Protegida de España, y está ligada al Partido Comunista (PCE) e IU.
Fundado en los años 70, las tensiones internas por el control del grupo han terminado recientemente (noviembre de 2004) en los tribunales. La denuncia interpuesta por Carlos Luján Martínez, hasta ese momento máximo dirigente del grupo, ha llevado a cinco de sus responsables (el notario José Enrique Cortés; Miguel Ángel Loriente, actual presidente de los consejos de Administración de distintas sociedades del grupo; el abogado Pedro Olloqui, actual representante de IU en el Consejo Social de la Universidad de Zaragoza y en el Consejo de Administración de la Televisión Autonómica; el abogado de Barcelona Francisco Pasarín Rúa; y el excandidato de IU en Madrid Francisco Herrera) a declarar como imputados en un presunto delito societario.
La crisis se remonta a diciembre de 2003, cuando se constituye una Fundación en teoría sin ánimo de lucro como propietaria de todo el grupo empresarial.
De esta reestructuración, Carlos Luján resulta sustituido por Miguel Ángel Loriente como presidente de los Consejos de Administración de las empresas del grupo. De esta manera, Luján se queda sin representatividad y pierde el poder y el patrimonio social que hasta entonces ostentaba, y que le daba capacidad para firmar y tomar decisiones.
La denuncia presentada por Luján ve en ello una maniobra para desbancarle, y solicita la intervención de la empresa. El caso sigue abierto.
Casos en Córdoba y Sevilla incluyen a IU en la lista negra de municipios implicados en corrupción urbanística.
http://www.20minutos.es/noticia/165299/0/corrupcion/urbanistica/iu/
Dos casos en Sevilla y varios en Córdoba incluyen a Izquierda Unida en la lista de partidos con alcaldes o cargos públicos implicados en casos de corrupción urbanística. El PP, el PSOE y otros partidos también tienen sus listas.
EN CÓRDOBA:
Córdoba: Ecologistas en Acción denunció la construcción de dos urbanizaciones en la llamada Carrera del Caballo a cargo de la empresa constructora Arenal 2000. Las edificaciones se llevaron por delante 100 encinas, pero una sentencia judicial obliga al empresario Rafael Gómeza reponerlas.
Gómez, imputado también en el caso Malaya, ha sido denunciado por los Verdes al construir sin licencia varias naves industriales en las proximidades del complejo de Medina Azahara. El Ayuntamiento (IU) ha interpuesto una multa de 30 millones de euros, pero la administración autonómica ha recurrido el acuerdo del pleno municipal y ha llevado el caso a los tribunales.
Además, en el complejo de Medina Azahara, se han edificado 300 viviendas en parcelas ilegales. IU y PP han optado por proponer un plan de saneamiento (agua, alcantarillado), pero la Junta de Andalucía pretende exige la demolición de seis edificios especialmente polémicos.
En los Baños de Popea, una decisión judicial obliga a un promotor a reponer un encinar talado para construir 223 chalés de lujo.
EN SEVILLA:
Camas: El alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones.
La Algaba: José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río Guadalquivir.
