El documento, firmado en Sevilla por la sección de albañiles del SUC y la patronal a menos de un mes del golpe franquista, establecía la jornada de 36 horas semanales y lograba importantes avances sociales.
Un libro editado por CGT-A analiza las bases negociadas, que apenas estuvieron en vigor 20 días.
“La jornada será de seis horas diarias y treinta y seis semanales, desde el primero de octubre hasta el 30 de marzo se repartirá de nueve a doce de la mañana y de una a cuatro de la tarde. En los meses de primero de abril a treinta de septiembre la jornada será de seis a doce de la mañana”. Es el artículo 6 del convenio colectivo firmado por la sección de albañiles del Sindicato Único de la Construcción (SUC) y la patronal de la industria el 26 de junio de 1936 en Sevilla, a menos de un mes del golpe de Estado franquista.
El documento está recogido en uno de los primeros trabajos de investigación realizados por el grupo de memoria de GCT-A, que lo recupera ahora como ejemplo de las conquistas sindicales ante la última muerte, en julio de 2017, de un trabajador en Morón de la Frontera en plena ola de calor. Se titula La jornada de seis horas de 1936 y está escrito por los historiadores Antonio Miguel Bernal Rodríguez, José Luis Gutiérrez Molina y el catedrático de Derecho Manuel Ramón Alarcón Caracuel.
Tras el triunfo del Frente Popular, explica Bernal Rodríguez en el prólogo, los trabajadores anarcosindicalistas de la construcción comenzaron a elaborar nuevas bases de trabajo de acuerdo a las orientaciones y directrices establecidas en el congreso confederal de la CNT, donde la reducción de la jornada era la cuestión prioritaria. “Las bases negociadas en 1936 son un magnífico ejemplo de la madurez del movimiento obrero sevillano y de la trayectoria del anarcosindicalismo, de la ‘idea’ como compromiso de transformación y creación de un mundo más libre e igualitario”, escribe en la introducción el responsable del grupo de memoria, Cecilio Gordillo. El convenio apenas estuvo en vigor 20 días.
La reivindicación más importante –y la que más divergencias creaba con la patronal– era, por tanto, la reducción de la jornada a 36 horas. “No sólo por el aumento de trabajadores empleados que su aplicación implicaba, sino también porque el salario real –con relación al tiempo trabajado– aumentaba”, sostiene Gutiérrez Molina. Frente a las 12,24 pesetas diarias que se pagaban hasta entonces por ocho horas, los sindicalistas pedían ahora 12 pesetas por seis horas. Además, con la idea de reducir el paro, exigían la prohibición de contratar destajos y realizar horas extras. Aunque este punto ya estaba incluido en las bases anteriores de 1931, ahora la posibilidad de realizarlas por causas extraordinarias –urgencia o peligro– quedaba a la decisión del sindicato.
El convenio también regulaba la paralización del trabajo por lluvia: “[En ese caso] (no considerándose motivo para no empezar el trabajo el que esté nublado) el patrono abonará a todos los obreros el jornal íntegro, estando los trabajadores obligados a permanecer en el tajo durante el tiempo de la jornada, aprovechándose el tiempo que sea posible”, especifica el punto 7. Los jornales perdidos por falta de materiales y causas ajenas a los trabajadores tendrían que ser abonados de manera íntegra.
Sobre las cuestiones de vital importancia para el obrero como enfermedad, vacaciones, movilidad, categoría profesional o situaciones específicas de algunos oficios, el convenio recogía avances sustanciales. Entre ellas, el abono de ocho u once salarios por enfermedad, el disfrute de una semana de vacaciones pagadas al año y la conservación de la categoría con la que se entraba en una obra durante su ejecución. El trabajador también tenía que tener un día pagado por el nacimiento de un hijo estuviera o no casado. Y los detenidos por cuestiones sociales también tenían que conservar los derechos sobre vacaciones y despidos.
Si la obra iba a acabar o el constructor quería prescindir de algún obrero tendría que avisarle con ocho días de antelación y proporcionarle dos horas diarias libres –o pagarle en la liquidación 16 horas extras– para que se buscara un nuevo empleo. “Era una conquista obtenida en 1931 –aclara Gutiérrez Molina– pero que ahora llevaba anexa la regulación de un problema que se presentaba habitualmente. En muchas ocasiones, el albañil, el palaustre, o el ayudante llevaba consigo su propia cuadrilla de peones. Pero también estaban los peones sueltos contratados por el patrono o que acudían al nuevo tajo en busca de trabajo. Situación que provocaba numerosos conflictos”. Elconcepto de desplazamiento había generado igualmente controversias por la ambigüedad de las zonas que se consideraban extrarradio, y en este convenio de 1936 fueron especificados los lugares que señalaban el límite de la ciudad. “Los trabajos realizados fuera de la localidad se abonarán con un 50 por ciento de aumento sobre el jornal, viaje y fonda pagada. El obrero tendrá derecho al pago de transporte cada quince días para visitar a su familia. Este transporte correrá por cuenta del patrono sin que éste pueda desquitarle nada al obrero de su jornal”, reza el punto 21. Solo se reconocía como festivo el domingo.
Reconocimiento de los sindicatos
Más allá de las conquistas laborales, el éxito de la negociación de este convenio suponía un logro de especial trascendencia: el reconocimiento de la capacidad representativa de las organizaciones obreras, cuestionadas desde siempre cuando no negadas por los empresarios, reflexiona el historiador: “En los convulsos primeros años veinte y, aun durante la república, había estado presente en casi todos los conflictos. Los socialistas habían intentado la aprobación de una ley de control obrero que encontró una fuerte resistencia de las derechas. En junio de 1936, el contrato propuesto por el SUC significaba que pasaba a sus manos tanto el régimen de trabajo en las obras como la contratación”.
La reunión entre los sindicalistas y la patronal comenzó el 25 de junio por la tarde. Tras diez horas, bien entrada la madrugada del día 26, patronos y obreros estamparon sus firmas al pie del documento con todas las propuestas. Entre las rúbricas identificables, el libro señala los nombres de Manuel Rojas, familiar del ganadero Gabriel Rojas, José María Jiménez, en representación de la Sociedad Anónima de Construcciones, propiedad de la familia Rojas Marcos, Antonio Durán, Ángel Mensaque y Pedro Colomé. Otro importante dirigente de la patronal sevillana era Barráu. Su aprobación iba a poder extenderse también fuera la capital andaluza. Según Gutiérrez Molina, pocos minutos después de la firma, Juan Arcas, secretario del comité sindical, envió sendos telegramas a los sindicatos de la construcción de Madrid y Valencia en los que les anunciaba que habían alcanzado las 36 horas. En Valencia se acababa de firmar unas bases en las que se recogían las 40 horas. “Y los madrileños, desde comienzos de junio, estaban inmersos en una dura huelga –junto a la Federación Local de la Edificación de la UGT– en la que no solo se jugaba la mejora de las condiciones de trabajo o la jornada de 36 horas, sino también la primacía sindical en la capital del reino en un ramo que reunía a más de cincuenta mil trabajadores”, resume Gutiérrez Molina.
El convenio de Sevilla fue ratificado en una asamblea general del sindicato el 28 de junio y entró en vigor al día siguiente. “La duración de este contrato colectivo es por tiempo indefinido mientras los obreros afectos a la Sección de Albañiles del Sindicato Único del Ramo de Construcción no tenga por conveniente su modificación”, finaliza el documento. Menos de 20 días después, el 18 de julio, aquellas conquistas –como tantas otras– saltaron por los aires. “Para los sublevados no se trataba sólo de sustituir las instituciones y personas del régimen republicano sino de borrar de la faz de la tierra a la ‘otra España’ eliminándola físicamente. El anarcosindicalismo formaba parte de los llamados a desaparecer”, concluye el historiador.
Hasta 1936, Andalucía fue una de las más importantes federaciones del anarcosindicalismoespañol por el número de sus afiliados, actividad de sus sindicatos y personalidad de sus militantes. “Los oficios de la construcción fueron un vivero constante de destacados militantes del anarquismo sevillano. Algunos de sus nombres más conocidos fueron albañiles, ladrilleros o trabajadores de la fábrica de La Cartuja. La mayoría de ellos nacidos en pueblos de la provincia y que acudieron a la capital atraídos por la posibilidad de encontrar trabajo”, destaca Gutiérrez Molina. Pone como ejemplos a Juan Negroles del Valle, Manuel Viejo Artal y los hermanos Juan, Miguel y Julián Arcas Moreda. “Incluso quien llegaría a ser el político sevillano más destacado de este siglo, Diego Martínez Barrio, hijo de albañil, trabajó en ese oficio durante su juventud e ingresó en los grupos anarquistas antes de convertirse en tipógrafo, republicano y cabeza máxima de la masonería española”. El libro está dedicado a Manuel Ramírez Castillo, maestro albañil y anarcosindicalista.
