El Gobierno de UPN financió con dinero público la actividad y las estructuras de UGT, CCOO y CEN durante casi dos décadas.
Una veintena de convenios bilaterales permitió financiar salarios de personal propio, labores sindicales y gastos generales
Centrales y patronal recibían de fondos públicos 20 millones al año
PAMPLONA. Durante casi dos décadas los distintos gobiernos de UPN, en coalición con el CDN y con apoyo parlamentario del PSN, financiaron con cargo a los presupuestos de Navarra la estructura, la actividad y la organización interna de los sindicatos UGT y CCOO, y en menor medida también de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN).
Una veintena de convenios bilaterales entre la Administración y los agentes sociales, sumados a las subvenciones para cursos de formación permitieron financiar los salarios de personal vinculado al sindicato, organizar actividades propiamente sindicales y sufragar gastos generales y de funcionamiento de sus distintas sedes. Toda una estructura administrativa paralela creada a través de los distintos planes de empleo que se han venido firmando desde 1998, y que ha derivado en una connivencia política de tinte clientelar y en un sindicalismo subvencionado.
Aunque la estructura presupuestaria ya había comenzado a fraguarse años antes, es en 1998 con la creación del Servicio Navarro de Empleo cuando empieza a tomar toda su dimensión. Un órgano paritario formado exclusivamente por el Gobierno, UGT, CCOO y la CEN que será el encargado de gestionar un presupuesto de más de 60 millones anuales. Fondos que salen en su mayor parte de las arcas forales (54%), pero que cuenta también con financiación del Estado (42%) y de la Unión Europea (4%), y cuyo destino es decidido por consenso entre los cuatro participantes, que son a su vez los principales beneficiarios. Según ha recogido Comptos en dos informes, solo entre 2008 y 2013 los tres agentes sociales recibieron vía ayuda para la formación o convenio bilateral 20 millones anuales. 115 millones entre 2008 y 2013 repartidos a partes iguales.
Tras el primer plan de empleo (1999-2001), la concertación se fue renovado de forma sucesiva los años 2001, 2005, 2009 y 2012. Este último se mantuvo prorrogado hasta el final de la pasada legislatura, en la que para hacer frente a la estricta normativa estatal se llegó a aprobar una ley específica de ayudas directas para UGT, CCOO y CEN de 900.000 euros. Durante este tiempo los tres agentes mantienen, e incluso mejoran la financiación obtenida del Plan de Empleo, blindado ante la evolución social, económica y política que ha vivido la comunidad todos estos años.
BENEFICIO DE UN MODELO SINDICAL Con la condición de agentes “más representativos”, UGT, CCOO y la CEN pasaron a formar parte de las principales estructuras de la comunidad. No había gran acuerdo que no incluyera a las dos centrales y la patronal, que incluso llegaron a formar parte de los órganos de control de Caja Navarra sin que a sus responsables se les recuerde crítica alguna a la gestión de la desaparecida entidad.
Pero la política de concertación tenía también importantes implicaciones sindicales. Los acuerdos dentro del Servicio Navarro de Empleo otorgaron a UGT y CCOO acceso directo a las empresas. En nombre de la propia Administración, y con el objetivo financiado de fomentar la igualdad o la estabilidad en el empleo, durante estos años sus delegados sindicales han podido entrar en los centros de trabajo, hacer contactos con dirección y empleados y plantear una oferta sindical que les ha facilitado lograr una posición mayoritaria en muchos comités de empresa y, por extensión, mantener la posición de sindicatos principales. Una situación de privilegio y, en cierto modo, también de competencia desleal hacia el resto de sindicatos, para culminar un círculo que ha contribuido a garantizar la paz social durante dos décadas.
